DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

De acuerdo con el artículo 233 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Dirección General de Regularización Territorial le corresponde:

I. Promover y apoyar las acciones de regularización de la tenencia de la tierra en la Ciudad de México, así como ejecutar los programas que se deriven, con la colaboración de las Alcaldías y los habitantes de las demarcaciones territoriales; 

II. Asesorar a los habitantes en materia de regularización de la tenencia de la tierra en la Ciudad de México, para la resolución de los problemas relacionados con la misma; 

III. Proporcionar, a solicitud de las personas Titulares de las Alcaldías, los elementos técnicos disponibles, para evitar la invasión de los predios y para que obtengan su desalojo, mediante el ejercicio de las acciones judiciales o administrativas que procedan; 

IV. Llevar el registro de las colonias y zonas urbanas populares susceptibles de incorporarse a los programas de regularización; 

V. Ser el conducto de la Administración Pública ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en los asuntos de su competencia; 

VI. Intervenir, dentro del ámbito de su competencia, en el otorgamiento y firma de escrituras públicas de los convenios y contratos que lo requieran; 

VII. Actuar cuando lo estime conveniente o a solicitud de parte interesada, como árbitro y conciliador en los conflictos inmobiliarios que se presenten en las colonias y zonas urbanas populares; 

VIII. Diagnosticar la factibilidad de los programas de regularización de la tenencia de la tierra; 

IX. Elaborar y proponer el proyecto técnico e integrar el expediente de expropiación por causa de utilidad pública, de aquellos predios donde se encuentren asentamientos humanos irregulares, salvo aquellos que sean de origen ejidal o comunal; 

X. Asesorar y coordinar la instrumentación del pago de las escrituras públicas, para coadyuvar al cumplimiento de los programas de regularización; y 

XI. Coadyuvar en la tramitación ante instancias judiciales, cuando se trate de asuntos de su competencia.